Con 308 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones, los diputados federales aceptaron la reforma que aprobaron los senadores en la Ley de Instituciones de Crédito.
Ahora, la Secretaría de Hacienda podrá incluir a una persona en la lista de bloqueos cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o ilícitos asociados con éstos.
Las personas que sean incluidas en dicha lista tendrán derecho de audiencia, dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación bancaria que podrá ser por escrito o verbal.
La diputada Soraya Pérez, aseguró que la aprobación de esta reforma a la ley, es inconstitucional ya que se podría estar dotando a la dependencia de facultades extremas y desproporcionadas.
La tabasqueña mencionó que la Secretaría de Hacienda, debería de actuar siempre y cuando lo ordene un juez de control, previa investigación por parte del ministerio público.
“La única autoridad a la que le corresponde investigación de delitos es al ministerio público y a las policías, así lo establece explícitamente el artículo 21 de nuestra Constitución, me parece increíble que nosotros como legisladoras y legisladores no leamos y no conozcamos el texto constitucional, en ningún lugar de nuestra carta magna, en ninguno, se autoriza a ninguna autoridad administrativa, llámese la Secretaria de Hacienda, o llámese la Unidad de Inteligencia a tener ese tipo de funciones”, comentó.
