Se sancionaría con uno a cinco años de prisión y multas a quien condicione el servicio o acepte una ‘mordida’ para no cortar el suministro, aminorar el consumo, entre otras.
El pleno de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado procesó ayer diversas propuestas en materia de paridad de género, penal, deportiva, acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, protección a consumidores y agrícola; entre las que destacó una reforma penal para castigar con cárcel de uno a 5 años a quienes roben energía eléctrica en Tabasco.
Entre las iniciativas presentadas se encuentra la del diputado independiente José Manuel Sepúlveda del Valle, el cual solicitó reformar y adicionar el Código Penal para el Estado de Tabasco para castigar el robo de energía eléctrica por parte de un servidor público, contratista, permisionario o persona involucrada con la industria eléctrica.
Se busca imponer sanciones de 1 a 5 años e imponer multas a las personas que laboran para la CFE o cualquier persona jurídica-colectiva (terceros) que condicionen el servicio de energía eléctrica a través de una gratificación extra-oficial (“mordida”) para no cortar la luz, aminorar el consumo de energía eléctrica, provocar error en la facturación, así como la alteración de la lectura del medidor electrónico o analógico instalado en el domicilio.
A su vez la legisladora de Morena, Julia del Carmen Pardo Contreras, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a las cámaras de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, reformen las disposiciones legales aplicables para garantizar la protección integral de los derechos de los consumidores y las formas de ejercerlos.
Lo anterior a través de establecer la obligación de aquellas personas físicas o jurídicas colectivas que ofrezcan algún tipo de bien, producto o que presten algún servicio, de entregar los comprobantes, tickets, recibos o facturas que amparen la compraventa, el servicio o la operación realizada, impresos en papel que garantice su durabilidad o permanencia razonable; siendo la Comisión Ordinaria de Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y Turístico el grupo de trabajo encargado de analizar la propuesta.
